Reabierto
el debate acerca de los accesos de los gobiernos a las comunicaciones de los
ciudadanos en aras de prever ataques de los terroristas
¿Puede
el Gobierno descifrar tus mensajes de WhatsApp?
José
Andrés no sabe qué es eso de la encriptación. También desconoce el significado
de descifrar los mensajes. Pintor y escultor de profesión, se declara incluso
detractor de las nuevas tecnologías, pero ello no le exige de beneficiarse de
la mensajería instantánea desde el móvil, gracias a lo cual ha mantenido largas
conversaciones con amigos y le ha servido para ahorrar en llamadas telefónicas
y mensajes de texto.
Su
historia es una de las muchas que se encuentran en una sociedad cada vez más
hiperconectada y en la que WhatsApp se ha erigido como rey de una nueva forma
de comunicación interpersonal. Cuestionado hasta la saciedad, esta aplicación,
ahora filial de un gigante sin patas llamadas Facebook, ha venido adoptando
mejoras en seguridad en los últimos meses en aras de mejorar su sistema de
encriptación de las conversaciones. De esta manera prometen- no hay forma de
interceptar los mensajes.
En
los últimos siglos, las sociedades occidentales se han agitado en los momentos
en los que los respectivos gobiernos de turno intentaban desequilibrar la
balanza de la seguridad nacional. Si la sensación de seguridad ciudadana
implicaba una reducción de sus libertades, mal. Si se producía el efecto
contrario, también desentrañaba los cuchillos de la crítica.
El
debate actual acerca de una posible modificación del Tratado de Schengen, que
permite la libre circulación de las personas en los territorios adscritos,
llega en un momento crucial para la sociedad en la que las nuevas tecnologías
lo ha impregnado todo. Tras los terribles atentados de París, que se saldó con
la muerte de 17 personas a manos de unos terroristas islamistas, ha comenzado a
pasear entre las altas esferas la posibilidad de introducir sus manos en el
flujo conversacional que proporcionan los nuevos dispositivos móviles.
Para
proteger este tipo de amenazas, las administraciones internacionales,
encabezadas por las potencias EE.UU. y Reino Unido, han dejado caer la
posibilidad de establecer nuevos cauces para acceder a las conversaciones de
los ciudadanos. La comunicación ha adoptado nuevas formas en los últimos años
y, como siempre que sucede en este tipo de casos, (pasó en Reino Unido y en
Grecia, y el control por parte de regímenes como Corea del Norte es
preocupante), las autoridades aseguran que no pueden evitar prever atentados
sin tener completo acceso a las conversaciones de aquellos que planean
atrocidades, como recuerda en un reportaje la cadena BBC.
Fuentes
de la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil consultados por ABC en
anteriores ocasiones han reiterado que los protocolos de seguridad adoptados en
los últimos tiempos por parte de las principales compañías de internet
(Facebook, iMessage, WhatsApp, Twitter o Snapchat) les dificulta desencriptar los
mensajes.
A
España le ampara el artículo 18.3 de la Constitución Española, que regula el
secreto de las comunicaciones, un aspecto que constata la Ley General de
Telecomunicaciones (artículo 36), aunque introduciendo matices: «el cifrado es
un instrumento de seguridad de la información». Sin embargo, sí deja escrito
que en diversos casos (terrorismo, órdenes judiciales), se podrá imponer la
obligación de facilitar a un órgano de la Administración General del Estado o a
un organismo público los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado
utilizado.
Rizando
el rizo, el Primer Ministro británico, David Cameron, ha planteado una polémica
propuesta, que puede volver a levantar ampollas. Su idea es abrir la puerta a
la prohibición de estos servicios que circulan a través de las infraestructuras
de internet. El primer ministro ha prometido que si los Conservadores ganan las
próximas elecciones se encargará de hacer «una normativa exhaustiva que
garantice un lugar seguro donde comunicarse».
Y es
que las guerras han cambiado de territorio en los últimos años. La guerra se
libra ahora en internet. Los ciberdelincuentes, financiados ya por países,
mueven a nivel mundial más dinero que el narcotráfico. Y son capaces de
perpetrar más daño que un arma, puesto que un ataque a las infraestructuras
propias de una región o a los recursos básicos pueden destrozar no solo su
economía. Por esta razón, las grandes potencias invierten capital (económico y
humano) en desarrollar herramientas de ciberdefensa. El propio Barack Obama,
presidente de EE.UU., ha anunciado reformas tras los ciberataques de Sony y al
Pentágono. La ciberseguridad se expande.
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